Los problemas comunitarios hacen que los Estados municipales estén llamados a ampliar sus roles, no sólo por la cercanía con las demandas vecinales, sino en pro del cumplimiento de su misión básica siendo contenedores e integradores sociales.

En los municipios urbanos del Gran Buenos Aires (GBA), es donde mejor se transparenta esta realidad, padeciendo las barreras para el desempeño de estos fines, ya sean éstos de carácter jurídico, financiero o meramente operativo. Por eso, el GBA es el espacio en el cual se deben estudiar y analizar todas estas cuestiones y donde se debe planificar y concentrar el esfuerzo político con miras a borrar las barreras restrictivas o por lo menos atenuar sus consecuencias.

La desocupación es una cuestión central y como tal amerita tener políticas de estado con visón estratégica, elaborar una idea del desarrollo integral, estructurado, cualitativo y con capacidad de generar nuevas actividades. Una identificación y análisis a fondo del territorio que se convierte en el eje básico del proyecto de desarrollo y en el espacio de referencia desde donde se coordinan las decisiones y las acciones de los diferentes actores interesados en el desarrollo local.

Las municipalidades deberían concebir, distintas iniciativas que ordenen y organicen las diferentes políticas de erradicación o control del problema, como ser:

a ) Iniciativas locales de ocupación.

b) Iniciativas de promoción empresarial.

c) Iniciativas de desarrollo económico.

En cualquier caso, reforzar las capacidades de desarrollo económico desde una perspectiva estratégica requiere un mínimo de tres condiciones:

1) La existencia de una masa crítica de proyectos y de un liderazgo local (GBA) que genere credibilidad, confianza, capacidad de decisión y acceso a los fondos de financiación.

2) Un conocimiento tan esmerado como sea posible de las potencialidades y las debilidades del territorio, como también de las oportunidades y las amenazas que ofrece el entorno.

3) La existencia de un territorio de referencia que aglutine los esfuerzos, que otorgue oportunidades de rentabilidad y de reinversión de utilidades, en concordancia a los objetivos socio-económicos del planeamiento.

Los niveles de intervención de los gobiernos locales tienen que estar orientados a actuar como coordinadores, proveedores de información, estimuladores y facilitadores de iniciativas que serán responsabilidad de un abanico creciente de actores. Para esto, se deben tener políticas públicas, administrar eficazmente los recursos existentes y procurar los necesarios para cumplir con su rol en el desarrollo.

Los cursos de acción política deben concretarse en una nueva orientación, en actuaciones de política de fomento de empleo estableciendo una mayor correlación y corresponsabilidad entre desarrollo local y empleo. En este sentido, se formulan las siguientes líneas de actuación:

- Concebir un Plan Nacional de Desarrollo Local y Empleo.

- Articular una ley marco del desarrollo local.

- Reorientar las pasantías de oficios, actualización curricular de las escuelas técnicas, de oficios, fomento de talleres educativos que estén orientados a la aplicación de modernas técnicas de procesos de producción. Estudios de desarrollos de proyectos articulando con universidades, etc.

- Crear el concepto de Red Nacional de Centros Experimentales de Creación de Empresas.

- Adecuar de manera complementaria planes formativos que se orienten a capacitar los recursos humanos de cada zona a las necesidades ocupacionales que se deriven del Plan Estratégico.

- Coordinar todas estas funciones a través de la participación.

Las políticas y realizaciones conjuntas dotarían de cohesión a los recursos públicos de las diversas administraciones y especializarían, sectorial y territorialmente, las medidas de fomento, estableciendo un marco de actuaciones microeconómicas en perfecta concordancia con la macroeconomía, con objeto de garantizar estabilidad en las magnitudes básicas de nuestra economía.